La unión hace la fuerza

Los proyectos de infraestructura con participación pública y privada son el modelo que se viene.
Ni el Estado ni los privados pueden actuar por su cuenta. Se necesita de la articulación de distintos actores. Las primeras iniciativas en la Argentina se verían este año.

Texto: Mónica Fernández | Ilustración: Lu Paul

Avanzar en infraestructura es una de las grandes materias pendientes que tiene la Argentina de hoy, desde caminos y hospitales, hasta viviendas y energías renovables. Hay mucho por hacer y modernizar en áreas clave, y esto podría llevar a conseguir crecimiento económico e inclusión social.

Ni el Estado sólo, asumiendo toda la inversión y todos los riesgos, ni los privados aislados, seleccionando sólo aquellos proyectos que dejan un buen rendimiento, pueden actuar por su cuenta. Las alianzas público-privadas conforman el modelo que se impone y que ya funciona con éxito en gran parte del mundo.

“En general, este sistema se aplica en desarrollos de infraestructura de sectores tales como el de la salud, la educación, las autopistas urbanas, los aeropuertos, la edificación pública, los puertos, los ferrocarriles, las obras de riego y las terminales aduaneras, y tienen un amplio impacto en la población beneficiaria”, explican desde el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Las asociaciones público-privadas (APP) –en inglés, Public-Private Partnerships (PPP o P3)- se materializan en un contrato entre una organización pública (sea nacional, provincial o municipal) y una compañía privada (sociedad de propósito específico) para la provisión de una obra determinada.

En la Argentina todo es nuevo: la ley que da marco normativo y regula este tipo de emprendimientos fue aprobada en noviembre del año pasado -Ley 27.328- y se reglamentó en febrero de 2017. Se espera que a corto plazo empiecen a verse las primeras alianzas por un monto de inversiones que el gobierno estima en alrededor de cuarenta mil millones de dólares. El proyecto apunta principalmente a iniciarse con obras de infraestructura en energía y vivienda, según explicaron oficialmente.

Dar el paso
“En la actualidad, nadie duda de la necesidad de realizar nuevas obras y servicios en el área de infraestructura. Alcanza con ver el estado de las rutas, de los hospitales, de los puertos, de los ferrocarriles”, define Eduardo Koch, socio de Nicholson & Cano, y especialista en el tema. En este sentido, explica “el Estado, bajo principios de transparencia, igualdad de tratamiento, contralor y demás reglas que aseguran un adecuado y eficiente manejo de sus recursos, y en conjunto con el sector privado, puede acordar la forma de llevar a cabo el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de infraestructura, respetando un adecuado equilibrio entre la inversión realizada, el beneficio esperado, el costo pagado y el servicio prestado”.

Según la letra de la reglamentación, “las APP constituyen una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública, en los que el Estado diseña, financia, paga y opera, y el privado sólo ejecuta y construye”. Estas nuevas formas de alianzas consisten básicamente en contratos de largo plazo entre ambos sectores.

Éxito comprobado
· En Brasil, el estado de Minas Gerais ha sido líder en contratos transparentes de APP. En 2014, un contrato público-privado permitió construir una planta de tratamiento de residuos, con un costo de trescientos millones de dólares, para dos millones y medio de personas en el área metropolitana de la gran ciudad de Belo Horizonte.

· Las APP en salud en América Latina y el Caribe llevan diez años de experiencia. El primer caso fue el Hospital de Alta Especialidad de El Bajío, en México, en el año 2007. Adicionalmente, la región cuenta con otros cuarenta y siete proyectos en otras fases de desarrollo.

· En octubre del año pasado se inició este tipo de alianzas en Paraguay para la realización de calzadas en rutas de la Ciudad de Asunción. La inversión será de quinientos veinte millones de dólares. Hay tres bancos interesados en la financiación  y la concesión será por treinta años.

Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones dependiente del BID

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